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España impone controles de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a las monedas virtuales


España ha aprobado las leyes que imponen controles a los operadores de monedas virtuales para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

España ha aprobado las leyes que imponen controles a los operadores de monedas virtuales para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

Las directivas de la UE sobre competencia, prevención del blanqueo de capitales y entidades de crédito se han convertido en ley en España con la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto-Ley 7/2021. 

Si nos centramos en el sector de las monedas virtuales, las modificaciones derivadas de la transposición de la Quinta Directiva incluyen la incorporación de nuevos sujetos obligados y, en particular, el sometimiento a obligaciones preventivas de las personas que presten servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal.  

Asimismo, se incluyen como sujetos obligados los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos, entendiendo por tales aquellas personas físicas o jurídicas que prestan servicios de custodia de claves criptográficas privadas por cuenta de sus clientes. 

La definición de monedas virtuales y su cambio por monedas fiduciarias marca la consideración de estos nuevos sujetos obligados. Una moneda virtual es una representación digital de valor que no es emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no está necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y no tiene el estatus legal de moneda o dinero, pero es aceptada como medio de intercambio y puede ser transferida, almacenada o intercambiada electrónicamente.

En cuanto al cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria, se considera como tal la compra y venta de monedas virtuales mediante la entrega o recepción de euros o cualquier otra moneda extranjera de curso legal o electrónica aceptada como medio de pago en el país donde se ha emitido.

Otro aspecto que también es importante mencionar es el registro de las monedas virtuales, ya que se prevé la creación de un registro de proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias y de custodia de monederos electrónicos.

Este sistema de registro permitirá interconectar la información con los registros de otros países de la UE, facilitando así el acceso público a esta información.

"Esta regulación de las criptoactivos es un paso definitivo en la creación de un marco regulatorio para los operadores de criptodivisas, que podrá ampliarse próximamente con nuevas iniciativas a nivel europeo y nacional", ha señalado Teresa Ruano Mochales, de Pinsent Masons, el despacho de abogados que está detrás de Out-Law.

"Con la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril, las entidades que operan en el sector de las criptomonedas entran en la clasificación de sujetos obligados en la que se proyectan todas las obligaciones recogidas en la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por ello, las personas físicas y jurídicas que operan en ellas están obligadas a realizar las adaptaciones necesarias en sus actividades y modelos de negocio para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en esta norma", señaló. 

Los requisitos establecidos en este Real Decreto para los operadores de criptoactivos les obligan a establecer en su agenda diversas tareas que deben ir encaminadas a la elaboración de informes de identificación de riesgos acordes con su actividad, manuales de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y a tener en cuenta que en el plazo de nueve meses deberán cumplir con la obligación de inscribirse en el Registro del Banco de España habilitado al efecto. 

La obligación de realizar trámites dirigidos a evaluar el riesgo en este sector establecerá límites a las transacciones, pero también sentará las bases de un marco regulatorio en el que las inversiones en criptoactivos tengan las suficientes garantías y confianza. 

"Esta modificación legislativa supondrá un paso decisivo en el sólido crecimiento del sector, que sin duda repercutirá positivamente en todas las entidades que operan en el mismo y en las que tienen previsto entrar en él en el futuro", ha señalado Ruano Mochales.

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