Guía Out-Law 8 min. de lectura
16 Apr 2019, 3:14 pm
Esta guía se actualizó por última vez en marzo de 2016.
La directiva tiene una gran importancia, ya que prevé el marco para un nuevo régimen armonizado de solvencia y supervisión para el sector de seguros. La Unión Europea pretende que este nuevo régimen brinde niveles más altos y uniformes de defensa del consumidor, además de promover la igualdad competitiva.
La Directiva de Solvencia II es de aplicación para todas las aseguradoras y reaseguradoras de la Unión Europea, incluidas las empresas en dificultades, con algunas excepciones. Solo en el Reino Unido, ampara a más de 400 aseguradoras mayoristas y minoristas, y al mercado de seguros de Lloyd's.
Algunas aseguradoras más pequeñas quedarán excluidas del alcance de la Directiva, pero también podrán solicitar la autorización en virtud de la Directiva de Solvencia II. Estas empresas, que normalmente son mutuas de seguro, se denominan empresas no amparadas por la Directiva, empresas no amparadas por la Directiva de Solvencia II o empresas fuera del alcance. En general, se trata de:
Algunos aspectos de la Directiva de Solvencia II que son completamente nuevos:
La Directiva de Solvencia II se divide en tres áreas temáticas conocidas como "pilares", de forma similar al enfoque de tres pilares del reglamento bancario presentado por el régimen de Basilea II. Si bien cada pilar prevé disposiciones relativas a distintas áreas, existe una sólida interconexión entre las tres, de forma que es preciso abordar exhaustivamente la Directiva de Solvencia II.
El primer pilar aborda la adecuación de los activos, las provisiones técnicas y el capital de una empresa. Hay dos conjuntos de obligaciones de capital: el capital de solvencia obligatorio, más sensible a los riesgos, y el capital mínimo obligatorio, inferior y más predecible. El capital de solvencia obligatorio se puede calcular empleando una fórmula estándar o un "modelo interno" con autorización por parte de la autoridad competente.
El segundo pilar trata las obligaciones cualitativas: normas más estrictas de gestión de riesgos y gobierno. Concede mayores facultades a los supervisores para cuestionar a las empresas en asuntos relativos a la gestión de riesgos. Las empresas deben elaborar y presentar una evaluación interna de los riesgos y de la solvencia a sus supervisores, en la que se identifiquen los riesgos de su negocio y el capital necesario para gestionarlos.
El tercer pilar trata los mayores niveles de transparencia necesarios para los supervisores y el público, mediante los informes anuales privados a los supervisores y los informes de la situación financiera y la solvencia.
El segundo pilar dispone nuevas obligaciones de gestión de riesgos y gobierno para las empresas, entre las que se incluyen que:
También existen diversas obligaciones nuevas relativas al control interno, las auditorías internas, la gestión de riesgos, las funciones actuariales y la externalización. Las empresas deben garantizar que se aplican las políticas escritas y una gestión de riesgos eficaz.
Si bien la Prudential Regulation Authority (regulador prudencial de la banca en el Reino Unido) reconoce los méritos de la externalización, las normas de la Directiva de Solvencia II han sido diseñadas para garantizar la debida diligencia del proveedor y la existencia de las condiciones contractuales adecuadas para que la aseguradora mantenga el control sobre cualquier "operación, función o actividad crítica o importante". Es importante porque la aseguradora sigue respondiendo plenamente del cumplimiento de todas sus obligaciones que para ellas se derivan de la Directiva de Solvencia II y no pueden delegarlas a sus proveedores.
Para obtener más información sobre las nuevas obligaciones normativas para la externalización en virtud de la Directiva de Solvencia II, consulte nuestra guía Out-Law específica.
Existen dos medidas de capital obligatorias en virtud de la Directiva de Solvencia II: el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio.
El capital mínimo obligatorio es el nivel mínimo de capital que las empresas han de mantener y se establece en un nivel de confianza de uno de 85, es decir, un 85 % de probabilidades de que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones en los próximos 12 meses. Es el umbral a partir del que una empresa se considera insolvente a efectos normativos.
El capital de solvencia obligatorio es una medida de capital sensible al riesgo que se calcula para garantizar que cada aseguradora individual pueda cumplir con sus obligaciones en los próximos 12 meses con una probabilidad del 99,5 %. Si no se mantuviera este nivel de capital, probablemente se produciría una intervención normativa y se requerirían medidas correctoras.
Las aseguradoras y las empresas de reaseguros a veces forman parte de complejas estructuras grupales que pueden dificultar la labor de los reguladores a la hora de determinar cómo se provee de capital del grupo a sus entidades individuales o de evaluar la influencia ejercida por los miembros sobre las entidades o actividades relativas a los seguros. Por esta razón, la Directiva de Solvencia II dispone la obligación de supervisión holística de los grupos para que los reguladores cuenten con una comprensión integral de los riesgos existentes a nivel de grupo.
Entre las principales obligaciones a nivel de grupo en virtud de la directiva se incluyen las siguientes:
La Directiva de Solvencia tiene diversos efectos sobre las transferencias de operaciones de seguros en virtud de la Parte VII de la Ley de Mercados y Servicios Financieros del Reino Unido. Algunos de los que hemos observado son:
Varias novedades de 2015 en relación con la Directiva de Solvencia II no daban correcta cuenta de la inversión de las aseguradoras en proyectos de infraestructura. Esto propició que la Comisión Europea propusiera un "reglamento delegado" que modificara la forma en que se trataban las inversiones en infraestructura en virtud del Reglamento Delegado de la Directiva de Solvencia II. Si el Parlamento Europeo no presentara objeciones, se publicará el reglamento delegado en el Diario Oficial y entrará en vigor en 2016.