Guía Out-Law 21 min. de lectura
16 Apr 2019, 1:07 pm
Esta guía se actualizó por última vez en abril de 2018.
Numerosas leyes de la Unión Europea influyeron en la configuración del sistema de ordenación jurídica ambiental de Alemania. A pesar de las diversas iniciativas, no se llegó a adoptar un código ambiental uniforme (Umweltgesetzbuch). Los organismos federales y estatales disponen de diferentes facultades en materia de cumplimiento. Las administraciones de los estados generalmente tienen la responsabilidad de la aplicación de la legislación federal. Unos cuantos ámbitos especializados, como la energía nuclear, son responsabilidad directa de la administración federal. Las facultades coercitivas emanan verticalmente de los ministerios estatales a las regiones y, posteriormente, a las comunidades locales.
Las autoridades reguladoras alemanas se han mostrado muy activas en la formulación de políticas, como evidencian los planes de autorización preliminar en cuestiones marítimas. En general, la sociedad está muy concienciada con las cuestiones ambientales.
Desde el punto de vista de los profesionales, Alemania se apoya notablemente en sus sistemas de auditoría, licencias y permisos, cuando procede. La supervisión administrativa de los sectores y las operaciones que pudieran influir en el medio ambiente se lleva a cabo fundamentalmente atendiendo al asesoramiento de los expertos en la etapa de autorización.
La eficacia del cumplimiento en materia ambiental suele diferir en función del régimen de permisos vigente, en particular, si corresponde o no la realización de auditorías en las instalaciones. Las prácticas actuales también recurren al efecto disuasorio que pueden tener las sanciones administrativas y los procesos judiciales en casos de incumplimiento de la normativa ambiental.
La relativamente reciente posibilidad de que determinadas ONG y reputados grupos de interés incoen procedimientos de revisión judicial por incumplimientos de la legislación ambiental completan el panorama actual del cumplimiento.
La información ambiental lleva muchos años recopilándose y analizándose. Existe una tradición de consulta pública con respecto a instalaciones o construcciones estratégicas, en especial, en lo relativo a determinados sectores e infraestructuras.
Puede consultar la información relativa a las denominadas zonas baldías en los catastros públicos y en los mapas de calidad de las aguas subterráneas. La evaluación administrativa de los datos relevantes a fin de determinar las medidas ambientales oportunas tiene una larga tradición.
La información ambiental en el significado más amplio del término debe estar disponible para cualquier persona en virtud de la Ley alemana de información ambiental (Umweltinformationsgesetz). Esta legislación se introdujo por primera vez en 1994 y se revisó en profundidad en 2005 de conformidad con el Convenio de Aarhus. Si bien la Ley alemana de información ambiental regula únicamente el acceso a la información en poder de la administración federal, ha sido la hoja de ruta para la legislación de todos los estados, que adoptaron leyes similares. Los ciudadanos pueden acceder a la información ambiental sin coste alguno, ya se trate de información oral o escrita, o de revisiones de expedientes disponibles en oficinas gubernamentales. Existen ciertas restricciones para preservar los intereses relativos a la protección de datos, la propiedad privada y la seguridad nacional.
No existe el concepto de permiso ambiental en sí mismo. Como los sistemas nacionales de cumplimiento se apoyan en la supervisión administrativa, el proceso de concesión de permisos para cualquier operación que pudiera tener consecuencias negativas en el medio ambiente incluye, en cierta medida, una evaluación de las ramificaciones ambientales previsibles según las diferentes legislaciones. No obstante, el nivel de implicación y evaluación varía en función del régimen de permisos vigente, que se determina por la naturaleza, la magnitud y el ámbito de cada proyecto en concreto. Por ejemplo, en el caso de gasoductos submarinos, se requiere una gran variedad de permisos de diferentes autoridades, incluidas distintas evaluaciones de impacto.
Los permisos mayoritarios son aquellos relacionados con el objeto (Sachkonzessionen) y son de libre transmisión, normalmente junto con la titularidad o la operatividad del activo. En ocasiones se requiere una notificación a la autoridad competente.
Los permisos personales (Personalkonzessionen) no son transferibles; es decir, aquellos permisos concedidos a un solicitante por sus cualificaciones individuales.
El solicitante tiene pleno derecho a solicitar una revisión judicial o administrativa. La apelación se puede fundamentar en una denegación indebida de una solicitud o limitada a condiciones erróneas específicas. Las apelaciones que no pudieran resolverse de manera amistosa con el regulador pueden llevarse a los tribunales administrativos (Verwaltungsgerichte).
Cabe destacar que las autoridades alemanas gozan de cierto margen de actuación en relación con los requisitos de los permisos ambientales.
Es preciso llevar a cabo auditorías ambientales o evaluaciones de impacto ambiental en fábricas especialmente contaminantes o en otros proyectos o plantas, según la naturaleza y la magnitud de la instalación en concreto para nuevas construcciones. La evaluación normalmente forma parte del proceso original de solicitud de permisos, ya que no existe un permiso ambiental independiente.
Los proyectos que entren dentro del ámbito de los instrumentos ambientales suelen ser objeto de requisitos de notificación pública y consultorías públicas, y requieren la provisión de información relacionada con el proyecto y las evaluaciones ambientales. La autoridad competente tiene en cuenta todos los elementos en la decisión final de conceder o no el permiso, incluida cualquier condición al respecto.
Lo mismo se aplica a diversas instalaciones que ya gozan de los permisos correspondientes. Determinadas operaciones contaminantes son objeto de auditorías ambientales regulares. Dichas auditorías pueden resultar en medidas correctivas o condiciones de funcionamiento adicionales.
Alemania ha adoptado una legislación relativa a la evaluación de impacto ambiental (EIA, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) en consonancia con los requisitos europeos. Dispone un proceso de evaluación formal que complementa, pero en ningún caso sustituye, a los requisitos de permisos administrativos para determinados proyectos industriales e infraestructurales. La evaluación de impacto ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) no es de aplicación tras la etapa de concesión de permisos.
Los posibles instrumentos de aplicación disponibles para las autoridades cuando se incumplen los permisos son: acciones específicas para garantizar el cumplimiento mediante decisión administrativa, incluida la reparación de situaciones que no se ajustan a derecho, respaldadas normalmente por multas coercitivas (Zwangsgeld); en caso de incumplimiento de plazo, se aplicará la ejecución subsidiaria a costa del infractor e, incluso, el cierre forzoso de las instalaciones.
Este régimen de cumplimiento se complementa con un sistema de sanciones administrativas que pueden derivar en multas administrativas (Bußgelder), así como la apertura de diligencias penales (Strafverfolgung). Cabe destacar que la operación de unas instalaciones reguladas sin el permiso, o sustancialmente al margen de él, constituye un delito penal.
La definición legal de residuos de conformidad con el artículo 3 (1) 1 de la Ley alemana de gestión de residuos de ciclo cerrado (Kreislaufwirtschaftsgesetz) dispone lo siguiente: «Los residuos son toda sustancia o material cuyo poseedor desea o debe desechar». La definición legal coincide con la interpretación europea de residuos como cualquier bien mueble que se pretende eliminar. De ello se desprende que tanto la eliminación de facto, el aparente intento de eliminación como la obligación legal de eliminar una sustancia o material satisfacen la definición de residuos a efectos de la legislación.
Debido a la naturaleza específica de la definición, los suelos contaminados in situ no se consideran residuos. Se transforman en residuos cuando se mueven en excavaciones. Antes de su excavación, los suelos contaminados están regulados por la legislación federal en materia de protección del suelo (Bundes- Bodenschutzgesetz). Algunos sectores, como la minería y la energía nuclear, no entran dentro del ámbito de la Ley alemana de gestión de residuos de ciclo cerrado. Asimismo, los residuos se pueden clasificar como peligrosos y no peligrosos.
Los requisitos de solicitud de permisos y los mecanismos de control varían en función de la categoría de residuos aplicable. La legislación adopta un planteamiento diferenciado atendiendo a la sustancia y al tipo de interacción que los individuos tienen al respecto: almacenamiento, transporte, recogida y eliminación. El principal instrumento de control administrativo es el sistema de clasificación de residuos y su registro, que tiene el objetivo de determinar la responsabilidad directa por los residuos, incluso entre países.
Los productores de residuos pueden ser las unidades domésticas o los operadores comerciales. La obligación legal de reciclar o eliminar los residuos de manera adecuada recae tanto en el productor como en el poseedor.
No se permite el almacenamiento de residuos en las unidades domésticas, ya que existe la obligación de eliminarlos mediante las recogidas municipales correspondientes. En el sector comercial, el almacenamiento de los residuos se regula en función de su naturaleza y cantidad. En general, los permisos de producción no incluyen la autorización de almacenar residuos en el emplazamiento. Las instalaciones de producción normalmente cuentan con planes aprobados de gestión de residuos que disponen determinadas concesiones de almacenamiento a corto plazo.
No es posible eliminar los residuos en el emplazamiento. Solo se permite la utilización de materiales en el emplazamiento que hayan sido producidos en las instalaciones si se puede demostrar efectivamente que el remanente de residuos cumple los requisitos para su reciclaje y no para su eliminación. Un ejemplo sería la utilización de escombros en una obra como material de relleno, siempre que cumpla con los requisitos de los permisos relativos a la Ley de aguas.
Los productores de residuos son responsables de sus residuos. Se pueden adjudicar contratos de gestión, reciclaje y eliminación de residuos o se pueden pactar planes corporativos en relación con los residuos. No obstante, la parte contratante debe aplicar normas estrictas en lo relativo a los contratistas homologados. Lo anterior resulta más pertinente cuanto más peligrosos son los residuos.
En última instancia, la responsabilidad civil de reciclar y eliminar los residuos de forma legal recae en el productor hasta que dichos materiales dejen de considerarse residuos, que ocurre únicamente cuando el material se ha reciclado o eliminado satisfactoriamente, o se ha vertido en instalaciones autorizadas, como los vertederos. Por consiguiente, si un contratista de reciclaje se declarara en quiebra y se pudiera localizar al productor de los materiales en su haber, este tendría que recuperar «su parte de los residuos» para su tratamiento.
La ordenanza relativa a los envases (Verpackungsverordnung) obliga a los fabricantes y distribuidores a aceptar los envases en desuso para su reciclaje o eliminación. Se definió un sistema obligatorio de recogida específica. La ordenanza también regula los envases de bebidas mediante disposiciones que establecen un sistema de reembolso económico de carácter minorista.
La ordenanza relativa a los vehículos para desguace (Altfahrzeugverordnung) obliga a los fabricantes e importadores de vehículos registrados en un país de la Unión Europea a aceptarlos después de su uso e integrarlos en sus planes de reciclaje.
La Ley alemana de equipos eléctricos y electrónicos, así como la Ley de gestión de pilas, disponen la implantación de un sistema de recogida accesible a los consumidores para todo tipo de pilas, recargables o de un solo uso, de aparatos electrónicos. La ley dispone la obligación del fabricante, el importador y, con determinadas limitaciones, el distribuidor de dichos bienes de aceptar sus productos en desuso para su reciclaje o eliminación segura. Es preciso registrar previamente todos los productos relevantes para cumplir la legislación en materia de marketing o distribución.
Todos los instrumentos legales indicados anteriormente tienen en común que la responsabilidad de la eliminación recae en última instancia en el productor y que es preciso que los consumidores dispongan de opciones de devolución gratuitas.
El concepto de responsabilidad ambiental incluye tres categorías: el derecho público, el derecho civil y el derecho penal, que se solapan entre sí en algunas circunstancias.
La responsabilidad del derecho público por incumplimiento de la normativa ambiental dimana de varias leyes y ordenanzas destinadas a proteger el medio ambiente. Asimismo, se pueden adoptar órdenes administrativas en caso de peligro inminente sobre la base de la legislación de orden público. El concepto de responsabilidad del derecho público se define como el conjunto de instrumentos de observancia legal disponibles para las autoridades contra los titulares de permisos, operadores y contaminadores. Cuando se requiera la descontaminación, la persona legalmente responsable debe tomar todas las medidas correctivas oportunas y debe hacer frente a todos los costes derivados de ellas. La Ley alemana de compensación por daños causados al medio ambiente (Umweltschadensgesetz) dispone la responsabilidad objetiva de las industrias por los impactos negativos en los suelos, las aguas y la biodiversidad.
La responsabilidad del derecho civil comprende todas las demandas de indemnización y por daños y perjuicios con respecto a los impactos ambientales. El ámbito de las posibles demandas puede variar. Las demandas civiles entre propietarios colindantes abordan con frecuencia el control de las emisiones. Se pueden conceder compensaciones por daños y perjuicios si se han producido daños a la propiedad privada o si se ha incurrido en gastos de reparación de los impactos negativos. Las indemnizaciones ambientales suelen ser cuestiones complicadas en las transacciones inmobiliarias, especialmente, en lo relativo a la contaminación del suelo y los materiales peligrosos de construcción. Determinadas leyes del derecho público disponen indemnizaciones compensatorias civiles en perjuicio de los contaminadores u otras partes. La Ley alemana de responsabilidades ambientales (Umwelthaftungsgesetz) recoge la responsabilidad objetiva de ciertas instalaciones que pueden ser nocivas para el medio ambiente y, a su vez, para los seres humanos.
Se puede incurrir en responsabilidades penales en caso de incumplimiento de las disposiciones del código penal, por ejemplo, si no se obtuvieran los permisos necesarios o se infringieran significativamente los ya obtenidos.
La posibilidad de defensa eficaz ante dichas reclamaciones de responsabilidad se ve ciertamente limitada por la aplicación de la responsabilidad objetiva o la negligencia.
La «defensa de los usos permitidos» continúa siendo controversial. La jurisprudencia reciente de la judicatura federal suele disponer que esta defensa solo resulta admisible si el permiso en cuestión permite directamente que se produzca el impacto ambiental negativo, como en el caso de la minería. Esta defensa no estaría disponible si el impacto se produjera únicamente de manera incidental durante las operaciones permitidas. Esta defensa cobra una mayor importancia en casos más antiguos, donde los impactos negativos se producían cuando la legislación ambiental contemporánea no estaba todavía en vigor.
Se aduce que los consejeros o directivos de las empresas podrían incurrir en responsabilidades civiles por mala praxis ambiental; sin embargo, no hay precedentes relevantes hasta la fecha. Es preciso diferenciar minuciosamente los casos de impactos ambientales negativos de los relativos a negligencias en la seguridad operativa de una instalación.
Se enjuiciará a los consejeros y directivos de las empresas si la entidad jurídica privada operara una instalación sin los permisos oportunos. El código penal alemán no contempla el enjuiciamiento de las sociedades, aunque impone responsabilidades penales a las personas encargadas de su dirección.
Los planes que disponen índices de rendimiento o las políticas para consejeros y directivos cuentan con diversas pólizas de seguros para cubrir responsabilidades ambientales. En general, se excluyen las infracciones dolosas.
La responsabilidad perpetua en todas las cuestiones es inherente a todas las cesiones de acciones o fusiones de pleno derecho. El adquiriente será responsable de cualquier incidente o comprobación antes y después de la formalización de la adquisición.
Lo mismo puede ocurrir en el caso de una cesión de activos en lo que respecta a la contaminación de las aguas subterráneas y los suelos originada a partir del 1 de marzo de 1999 en virtud de la legislación alemana. El propietario de bienes inmuebles que contaminen las aguas o los suelos será responsable de la descontaminación junto con el contaminador original. No obstante, se puede limitar la responsabilidad mediante la base jurídica y, en cierta medida, por contrato. Se contemplan asimismo indemnizaciones compensatorias contra el contaminador.
Es posible que las repercusiones en materia de responsabilidad entre la cesión de acciones y activos no difieran significativamente en función del tipo de impacto o daños y perjuicios ambientales. Por consiguiente, los activos fijos siempre requerirán un análisis minucioso.
En Alemania no existe el concepto de responsabilidad del prestamista por infracciones ambientales ni ningún mecanismo jurídico similar a estos efectos.
La contaminación de los suelos, y las aguas subterráneas contaminadas como consecuencia, está regulada por la Ley federal alemana de protección del suelo (Bundes- Bodenschutzgesetz). Esta ley estipula la responsabilidad de los contaminadores, incluidos sus herederos legales universales, los propietarios actuales, los anteriores propietarios que conocían o debían conocer las cuestiones ambientales al adquirir la propiedad, y los titulares, incluidos los arrendatarios y operadores de una zona contaminada. Las autoridades tienen la potestad reglamentaria de solicitar información, realizar investigaciones y análisis del suelo a fin de hallar fuentes de contaminación, y así lo hacen con frecuencia.
Las autoridades gozan de un amplio margen de actuación en cuanto a qué partes responsables involucrar. Se puede solicitar a todas las partes responsables que realicen una descontaminación completa, siempre que estén en disposición de hacerlo dentro de lo razonable, y que lleven a cabo con eficacia las investigaciones pertinentes y apliquen las medidas correctoras.
A su vez, la parte responsable frente a las autoridades tendrá derecho a indemnizaciones compensatorias legales contra cualquier otra parte de forma proporcional a la medida en que esta causó la contaminación.
Los acuerdos del derecho público en materia de medidas de descontaminación son una herramienta habitual. Son legalmente vinculantes para las partes correspondientes, incluidas las autoridades, y estas no pueden solicitar medidas adicionales tras la celebración de dicho acuerdo. Este carácter jurídicamente vinculante de los acuerdos se limita a la contaminación correspondiente. La autoridad no será relevada si en la zona se descubriera contaminación que se desconocía anteriormente.
Los terceros, como los accionistas, pueden y deben formar parte de dichos acuerdos. Solo pueden impugnar un acuerdo si se hubieran restringido indebidamente sus legítimas preocupaciones o su posición formal como accionista en la descontaminación. Aparte de eso, los terceros no pueden impugnar ninguna otra cuestión de un acuerdo. No se admitirá a trámite ninguna otra impugnación presentada por terceros.
Se contempla una indemnización compensatoria legal para todas las partes jurídicamente responsables por los costes de descontaminación si el causante de dicha contaminación fuera el anterior propietario. Dichas demandas dependen del alcance de la contaminación, pero resulta complicado litigarlas debido a la carga de la prueba aplicable.
Se puede excluir por contrato dicha indemnización compensatoria, pero solo en lo relativo a las partes del acuerdo. De este modo, cualquier posterior adquiriente de la propiedad podría interponer una demanda al propietario anterior. El vendedor puede evitarlo obligando al adquiriente a excluir todas las demandas compensatorias en la futura transferencia del título de propiedad a otra parte; no obstante, sigue habiendo riesgos residuales debido al régimen de responsabilidad legal.
De igual forma, el vendedor y el comprador pueden acordar indemnizaciones a la otra parte por contaminación específica. No obstante, esto no evitaría que las autoridades los declararan responsables contrariamente a dicho acuerdo.
El gobierno no está facultado para recibir compensaciones económicas por daños y perjuicios de un contaminador por causar perjuicios estéticos a bienes públicos.
Las autoridades competentes tienen exhaustivas facultades de investigación dimanantes de diversas leyes y normalmente se corresponden con la obligación de los operadores industriales de conservar la información pertinente. En general, pueden solicitar información, llevar a cabo inspecciones en las instalaciones y solicitar o extraer muestras. Asimismo, también pueden interrogar a los empleados de la plantilla, en función de la naturaleza y el objeto de la investigación, que puede desarrollarse en virtud del derecho penal administrativo.
No existe la obligación de incriminarse en lo que respecta a informar sobre una situación contaminante a una autoridad reguladora ambiental o a los posibles terceros afectados, especialmente si se pudiera incurrir en responsabilidades penales debido a su naturaleza. No obstante, en otras situaciones, la obligación de notificar estas cuestiones a las autoridades podría emanar de una orden pública o de una legislación específica del sector, siempre que existiera un peligro inminente para la salud y la seguridad o se tratara de materiales peligrosos.
Numerosos estados han adoptado legislación que obliga a los propietarios, poseedores (como arrendatarios y operadores) o constructores a notificar a las autoridades competentes cualquier sospecha razonable de contaminación del suelo o aguas subterráneas en su propiedad. Incumplir la obligación anterior podría motivar una multa administrativa (Bußgeld).
La Ley federal alemana de protección del suelo (Bundes-Bodenschutzgesetz) obliga a los propietarios a tomar todas las medidas oportunas para evitar cualquier peligro derivado de los impactos negativos del suelo (schädliche Bodenveränderungen) en su propiedad. Esto constituye la obligación legal activa de analizar el terreno para detectar posible contaminación, que será de aplicación independientemente de cualquier acción administrativa que se haya emprendido. No obstante, no restringe las facultades de las autoridades para decretar medidas específicas que deberán adoptar las personas responsables según corresponda.
Cualquier impacto ambiental negativo en una propiedad constituye un defecto (Sachmangel) en virtud del derecho común alemán relativo a las ventas. Es preciso comunicar íntegramente cualquier información relativa a las transacciones, especialmente, para evitar la anulación de las limitaciones contractuales de responsabilidad e indemnización del vendedor que se pueden acordar normalmente. Lo mismo se aplica a joint ventures o fusiones, porque los tribunales alemanes han reconocido que los impactos ambientales son circunstancias relevantes a cualquier tipo de acuerdo que influya directamente en el valor de la transacción o la propiedad. Por consiguiente, las partes que figuran en el contrato gozarán de una comunicación razonable. No obstante, podría resultar complicado determinar oportunamente qué tipo de «problema ambiental» requiere una comunicación íntegra.
En dicha situación, es preciso distinguir entre las tres categorías de responsabilidad ambiental contempladas por el derecho alemán. En general, se pueden acordar indemnizaciones por contrato y serán legalmente vinculantes para las partes, siempre que se garantice una comunicación oportuna. Los pagos efectuados en virtud de dicha indemnización saldarán la responsabilidad contractual de la parte correspondiente. No será así con la responsabilidad legal pública (es decir, el riesgo a incurrir en responsabilidades frente a una autoridad reguladora ambiental por el incidente indemnizado), que seguirá existiendo.
No se ven afectadas ni la responsabilidad penal ni la posibilidad de enjuiciamiento por incumplimiento de la normativa ambiental.
En el marco jurídico alemán no resulta factible mantener una estructura en la que las responsabilidades ambientales se mantengan fuera del balance en la mayoría de los casos que incluyen bienes inmuebles. No obstante, la estructuración de las sociedades y la tenencia proactiva de bienes pueden restringir en cierta medida los riesgos. No resulta posible eludir completamente las responsabilidades ambientales mediante una mera cesión de bienes y la posterior liquidación de la compañía, especialmente, una entidad con cometido especial que haya sido capitalizada inadecuadamente.
En general, los accionistas no serán responsables de ningún incumplimiento de la normativa ambiental o contaminación que fueran causados por una empresa, siempre que no contribuyeran a la situación personalmente. Se aplica a todas las organizaciones societarias de responsabilidad limitada, pero no a las sociedades legales no constituidas.
Algunas leyes, como la Ley federal alemana de protección del suelo, contemplan la responsabilidad de las empresas matrices para con sus filiales, siempre que tengan una influencia dominante en virtud de un acuerdo de control. La judicatura federal ha sentado jurisprudencia que desestima la protección corporativa en situaciones de abuso flagrante, que normalmente será de aplicación a las estructuras societarias cuyos bienes contaminados se hayan transferido a entidades descapitalizadas.
Los tribunales alemanes no tienen jurisdicción en demandas de contaminación interpuestas por una filial extranjera fuera del país.
No existe un planteamiento legal uniforme ante las prácticas de denuncia de irregularidades. Determinadas órdenes jurisdiccionales prevén medidas de protección para el personal que denuncia irregularidades en función del área de incumplimiento correspondiente. Lo anterior se aplica principalmente a situaciones relativas a la salud y la seguridad en el ámbito laboral, pero no a las cuestiones relativas a la contaminación o al incumplimiento de la normativa ambiental en general. De hecho, el derecho laboral alemán no protege la denuncia de irregularidades en general.
El derecho alemán no recoge el concepto de indemnizaciones ejemplares ni penales. No se pueden interponer demandas colectivas ni conjuntas. Este concepto procedimental difiere significativamente de la perspectiva jurídica anglosajona. Únicamente los demandantes que puedan demostrar el posible perjuicio de sus derechos individuales directos (subjektive öffentliche Rechte) pueden emprender acciones en los tribunales administrativos. Una modificación reciente en la legislación permite que determinados grupos de interés o las organizaciones no gubernamentales emprendan acciones ambientales, especialmente en lo relativo a la impugnación de permisos y autorizaciones urbanísticas.
Exenciones de las costas judiciales ambientales en favor del interés público Se aplica la responsabilidad legal habitual en materia de costas; es decir, quien pierde abona la totalidad de las costas. No obstante, los procedimientos procesales en Alemania son mucho menos costosos que en el Reino Unido o en los Estados Unidos debido a la limitación por ley de las minutas y las costas procesales. De esta forma, la protección por secreto profesional en este sector podría ser menos relevante.
El sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (EU ETS, por sus siglas en inglés) se aplica en Alemania desde la introducción del marco europeo. Es uno de los pilares más importantes de la larga tradición de dedicación del gobierno a las políticas relativas al cambio climático. Actualmente se encuentra en vigor la tercera fase de comercio (2013–2020). Se considera que resulta más exigente para los países de la Unión Europea y sus industrias, ya que se impuso un límite de emisiones para toda la zona. El comercio de certificados está bien asentado a nivel federal y es una herramienta habitual para los accionistas nacionales.
En noviembre de 2017 se celebraron nuevas negociaciones tripartitas en las instituciones europeas para acometer una nueva reforma del sistema de comercio. Si bien está pendiente la autorización formal del Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, la autoridad reguladora alemana considera que las reformas contribuirán a volver a incentivar el mercado nacional que ha registrado una excesiva provisión de permisos. A partir de 2019, se transferirá a la reserva de estabilidad del mercado el 24 % anual del excedente, en lugar del 12 %. A partir de 2023, se limitará la reserva de estabilidad del mercado en cuanto a la cantidad de permisos subastados, por lo que habrá menos permisos en circulación. Se cancelarán los demás permisos excedentes.
La legislación federal para el control de las emisiones impone diversas obligaciones de supervisión, no únicamente relacionadas con el CO2. El permiso de explotación correspondiente puede estipular la supervisión y la elaboración de informes pertinentes. Las autoridades competentes pueden requerir información relativa a las emisiones de gases de efecto invernadero como parte de sus competencias generales de supervisión operativa de los sectores regulados. No obstante, no existe ningún procedimiento de supervisión general aparte del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (EU ETS, por sus siglas en inglés).
El plan del gobierno alemán de descarbonizar el sector de la energía y reducir las emisiones lleva en marcha varios años. El plan se conoce como la «transición de la energía» (Energiewende). El objetivo es reducir las emisiones en un 40 % para el año 2020 (en comparación con los niveles de 1990) y en al menos un 80 % para 2050. Este objetivo supera hasta la meta de la Unión Europea de reducción de las emisiones. Se han aportado cuantiosas inversiones para reconfigurar el mercado de las energías renovables y en la clausura de las centrales de energía tradicionales. El ministerio federal competente presentó en 2017 un plan ampliado de acción que introduce importantes límites a las emisiones de la producción de energía.
Al contrario de lo que ha sucedido en los Estados Unidos, en Alemania no se han emprendido importantes procedimientos procesales por el uso de amianto. Las enfermedades derivadas de la exposición al amianto se reconocen como un riesgo laboral y están cubiertas por los planes de seguros médicos. Las ocasionales demandas interpuestas por particulares por daños físicos y morales (Schmerzensgeld) han recibido escasa cobertura mediática.
Si bien el amianto es una sustancia prohibida desde 1993, no existe ningún registro nacional de amianto de emplazamientos potencialmente contaminados. Las cuestiones relativas al amianto se abordan con evaluaciones individualizadas por casos, principalmente durante las obras de demolición mediante el proceso de tramitación de permisos. La descontaminación en edificios existentes normalmente arranca cuando se descubren daños estructurales a un material que se sabe que contiene amianto. El propietario tiene la obligación de eliminar el material de forma segura en virtud de la legislación vigente relativa a la gestión de residuos y sustancias peligrosas.
El mercado alemán cuenta con una gran variedad de seguros ambientales, que comprenden desde pólizas de responsabilidad estándar hasta productos más adaptados a los diversos riesgos derivados de actividades comerciales especializadas. Cada vez es más habitual incluir entre las buenas prácticas la contratación de un seguro adecuado para cubrir las actividades industriales. Sin embargo, la situación es más complicada en relación con los seguros de indemnización para transacciones. Los seguros ambientales son extremadamente infrecuentes entre los propietarios no corporativos.
Se han incoado sorprendentemente pocos procedimientos procesales en torno a reclamaciones relativas a seguros ambientales. No se puede considerar una cuestión legal particularmente grave. La mayor parte de las reclamaciones relativas a seguros que merecieron cobertura mediática se trataban de reclamaciones por lesiones personales, en lugar de por contaminación en general.
Los procedimientos procesales más recientes tienen relación con los seguros por contaminación del suelo en casos de insolvencia.
