Síntesis de los procedimientos civiles en Inglaterra y Gales

La legislación y las sentencias de los tribunales están sometidas a la legislación adoptada por el Consejo Europeo y a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Organización jurisdiccional

La organización jurisdiccional inglesa se divide entre el Tribunal Superior (High Court) y los juzgados de (county courts). Esta guía aborda el procedimiento ante el Tribunal Superior, que conoce sobre todo de las demandas cuya cuantía exceda de a 50 000 libras.

El Tribunal Superior es el órgano jurisdiccional competente para la mayoría de asuntos a través de sus (District Registries) y los Reales Tribunales de Justicia (Royal Courts of Justice) en Londres. Está estructurado en tres divisiones: la Sala de la Cancillería (Chancery), la Sala de lo Civil (Queen's Bench) y la Sala de Familia (Family).

La Sala de la Cancillería conoce de los asuntos mercantiles en general y de cuestiones especializadas como testamentos, «trusts», insolvencia e impuestos. La Sala de lo Civil (Queen's Bench Division) conoce del resto de asuntos civiles, incluyendo litigios contractuales, demandas por lesiones, accidentes industriales, demandas por indemnización y reclamaciones por negligencia. Tanto la Sala de la Cancillería como la Sala de lo Civil cuentan con tribunales especializados que conocerán de distintas áreas.  Por ejemplo, la Sala de lo Civil tiene dos tribunales especializados principales, el Tribunal Mercantil (Commercial Court), que conoce de litigios comerciales, y el Tribunal de Tecnología y Construcción (Technology and Construction Court), que conoce sobre todo de demandas sobre construcción y litigios tecnológicos.

El Tribunal de Apelación (Court of Appeal) conoce de las apelaciones de sentencias del juez de un Tribunal Superior. En aquellos asuntos que se consideren de orden público, existe una fase posterior y final de la apelación, ante el Tribunal Supremo (Supreme Court), en la que la apelación será resuelta normalmente por una sala de cinco magistrados. Ocasionalmente, los asuntos pueden remitirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver dudas sobre cuestiones de Derecho Comunitario.

Abogados

La profesión legal se divide entre "barristers", a los que también se llama con frecuencia "counsels", y "solicitors". Los "barristers" son abogados especializados que pueden comparecer ante los tribunales superiores. También redactan escritos judiciales y emiten informes sobre determinadas áreas del derecho en las que son expertos. Estos abogados ejercen de forma individual y por lo general no tratan directamente con el cliente. Los "senior barristers" pueden ser nombrados "Queen's Counsel" (un título honorífico que reconoce a los "barristers" con una larga y brillante carrera profesional); al resto de "barristers" se les conoce como "juniors".

Los "solicitors" tienen contacto diario con los clientes y son los principales responsables de la llevanza de los asuntos. También pueden comparecer como abogados ante los tribunales superiores si están cualificados para ello. La mayoría de los "solicitors" ejercen asociándose con otros compañeros.

Aunque tanto los "barristers" como los "solicitors" pueden ser candidatos para ser nombrados jueces del Tribunal Superior, la mayoría son "barristers". 

(Ley de Enjuiciamiento Civil) Civil Procedure Rules

La Ley de Enjuiciamiento Civil "Civil Procedure Rules"(CPR, por sus siglas en inglés) fueron creadas en 1998 para regir el proceso del sistema judicial civil inglés. La Ley de Enjuiciamiento Civil exige que todos los casos sean tramitados de una forma que permita al tribunal tratarlos debidamente. Esto incluye:

• garantizar que las partes se encuentren en igualdad de condiciones;
• tramitar los casos de forma proporcionada a la cuantía del procedimiento, la importancia del caso, la complejidad de las cuestiones procesales y la situación financiera de cada parte;
• garantizar que el caso se trate con diligencia y equidad.

En la Ley de Enjuiciamiento Civil esto se conoce como "overriding objective" (objetivo primordial).

Tramitación de una demanda

Una demanda típica ante el "High Court" tardará aproximadamente de 12 a 18 meses en llegar a juicio desde la fecha de la presentación del escrito de demanda.

Cuestiones preliminares: antes de que se inicie el procedimiento, se pide a las partes que intenten resolver sus diferencias sin tener que recurrir a la vía judicial, actuando de forma razonable mediante el intercambio de información y documentos. Pueden imponerse sanciones a las partes que incumplan estos requerimientos: por ejemplo, una parte puede ser condenada a pagar las costas de la otra por haber incumplido el mandato de actuar razonablemente. Además, hay una serie de protocolos preliminares que establecen el procedimiento a seguir en determinadas categorías de litigios, como los relativos a la construcción o a la negligencia profesional.

Incoación de los procedimientos y escritos procesales: el procedimiento se inicia cuando el demandante interpone el escrito de demanda que debe contener o adjuntar todos los elementos de su pretensión denominados "particulars of claim". El escrito de demanda y los "particulars of claim" deben presentar un resumen de los hechos básicos en los que se basa la demanda contra el demandado. De lo contrario, el demandado podría lograr la desestimación de la demanda. El demandante tendrá que pagar una tasa para presentar la demanda, cuyo importe dependerá del valor y la naturaleza de la misma. Los documentos deberán trasladarse al demandado siguiendo las normas específicas y dentro de los plazos establecidos.

Una vez que el demandado reciba la notificación de la demanda, debe indicar si se allana o si pretende contestar a la demanda, oponiéndose. Esto debe hacerse también dentro de los plazos establecidos y debe darse traslado al tribunal. Si el demandado desea oponerse a la demanda, debe presentar la contestación de la demanda, incluyendo cualquier demanda reconvencional, normalmente dentro del plazo de 28 días después de haber recibido la notificación de la demanda. La reconvención también es un documento importante, porque si se considera débil, el demandante podrá intentar que se desestime o que se dicte un fallo rápido contra el demandado. Si no se presenta una contestación, el demandante podrá ganar el caso por rebeldía del demandado.

Otros escritos procesales pueden ser notificados y presentados ante el tribunal con el fin de clarificar la posición de cada una de las partes. Todos los escritos procesales deberán ir acompañados de una declaración jurada que verifique la veracidad de lo alegado. Consulte nuestra guía Out-Law específica para más información.

Los escritos procesales, incluido el impreso de demanda, los "particulars of claim", la contestación y cualquier reconvención, deberán, en determinadas circunstancias, ser accesibles a terceras partes.

Tramitación del caso: todos los casos son gestionados de forma activa por los tribunales para garantizar que se tramiten correctamente. Los tribunales estimarán cuándo los posibles beneficios de adoptar una determinada decisión justifican los costes.

La tramitación del caso también permite al tribunal animar a las partes a resolver sus controversias sin la necesidad de acudir a juicio, a través de los métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR, por sus siglas en inglés) como la mediación. Consulte nuestra guía Out-Law específica para más información.

Exhibición de documentos: cada parte debe facilitar a la otra los documentos (incluidos los documentos electrónicos, por ejemplo, los correos electrónicos) en los que pretende basarse, así como los documentos contrarios a su caso o que pueden apoyar la pretensión de otra parte. Esto puede incluir documentos confidenciales si son relevantes para el litigio. Algunos documentos pueden estar exentos de esta obligación debido al secreto profesional. Consulte nuestra guía Out-Law específica para más información.

Declaraciones de los testigos: si una parte quiere proponer la prueba oral en el juicio, debe presentar esta prueba de forma escrita. Esta puede ser una fase clave del proceso, ya que lo que se dice en la declaración de un testigo puede determinar si la parte ofrece llegar a un acuerdo. La declaración testifical debe enumerar los hechos sobre los que el testigo testificará en el juicio. El testigo debe certificar su veracidad. Se produce un intercambio de declaraciones varias semanas antes del juicio.  Los testigos pueden ser interrogados por el abogado de la parte contraria en el juicio; las declaraciones al estilo de Estados Unidos no se permiten, por lo general, en los procedimientos ingleses. Consulte nuestra guía Out-Law específica para más información.

Prueba pericial: si una parte necesita apoyarse en la opinión de un perito para una cuestión determinada, necesitará la autorización del tribunal. El testigo-perito debe ser independiente, con el deber primordial hacia el tribunal más que hacia la parte que ha solicitado su testimonio, y el tribunal puede ordenar a las partes compartir la prueba de un perito sobre una cuestión en concreto. Puede haber más de un testigo-perito por juicio si se abordan distintas áreas de conocimiento. Un testigo-perito puede participar en el procedimiento judicial y puede ser llamado a testificar, aunque hay unas normas muy estrictas sobre la forma y el fondo de su declaración y sobre el testimonio que puede prestar. Consulte nuestra guía Out-Law específica para más información.

Juicio: con la excepción de las demandas por fraude civil y por difamación, no se contempla derecho a juicio con jurado; el juez será el único que resuelva el caso.

Los juicios ingleses son eminentemente orales, lo que requiere que los abogados de cada una de las partes presenten sus alegaciones de forma oral ante el juez y le señalen las pruebas y normas pertinentes.  No obstante, antes del inicio del juicio, por lo general, el juez habrá leído los escritos procesales, las declaraciones de los testigos, los informes periciales y las líneas de argumentación generales redactadas por los abogados. El juez no lleva a cabo sus propias investigaciones, pero puede interrogar tanto a los abogados como a los testigos.   

En resumen, el juicio consiste en la presentación del caso por parte de los abogados de cada una de las partes y la presentación de las declaraciones de los testigos y peritos en los que se apoyan. Los testigos pueden ser interrogados por el abogado de la parte contraria. El juicio concluirá con la recapitulación de las pruebas por parte de los abogados de ambas partes y la presentación de conclusiones sobre la legislación pertinente.  El juez tomará su decisión basándose en las pruebas y en los argumentos que se le presenten.

La sentencia podrá dictarse de forma inmediata después del juicio o, en los casos más complicados, ser aplazada hasta una fecha posterior, en la que el juez haya reflexionado sobre el asunto. Si una parte pretende apelar la sentencia, deberá obtener la autorización del tribunal; esta autorización solo se concederá en circunstancias limitadas.

Costas

Aunque queda a la voluntad del tribunal, la regla general es que la parte que pierda el proceso sea condenada al pago de las costas de la parte que lo gane. Cualquier incumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil o del objetivo primordial puede resultar en la imposición de una sanción en materia de costas a la parte "infractora", aunque esa parte ganara el juicio. Por lo general, salvo que exista conducta poco razonable, la parte ganadora suele recuperar aproximadamente entre el 60 y el 65% de sus costes legales, de la parte perdedora.

Financiación

Las partes también pueden establecer acuerdos de honorarios condicionales (CFA, por sus siglas en inglés) o pactos de "cuota litis" con sus abogados. Los acuerdos de honorarios condicionales permiten a los abogados cobrar un extra además de su tarifa normal si ganan el caso, y una tarifa reducida o ninguna tarifa si pierden el caso. Actualmente, los acuerdos de contingencia están prohibidos.  También existen otros métodos de financiación de litigios, por ejemplo, los seguros de defensa jurídica y la financiación de terceros. 

Ejecución de la sentencia

Cuando se dicta sentencia, la parte condenada puede pagar de forma voluntaria. Si no lo hace, existen varios procedimientos de ejecución, incluida la puesta en marcha de procedimientos de incautación y venta de bienes o la obtención de una orden de embargo sobre las propiedades de la parte condenada. También existe la opción de obligar a dicha parte a declararse insolvente si no se abona el importe indicado en la sentencia.

Cuestiones estratégicas

Hay una serie de medidas estratégicas que pueden ayudar a la resolución de un caso, entre las que se incluyen:

• Ofrecimientos para llegar a un acuerdo: aunque pueden hacerse en cualquier momento del litigio, la Ley de Enjuiciamiento Civil otorga ventajas en el pago de las costas a la parte que realiza el ofrecimiento para llegar a un acuerdo siempre y cuando dicho ofrecimiento cumpla los requisitos establecidos. Para más información, consulte nuestra guía Out-Law específica sobre las Ofertas Part 36 del sistema inglés.
• Ofrecimientos para llegar a un acuerdo mediante la resolución alternativa de conflictos: una parte que rechace injustificadamente un ofrecimiento para llegar a un acuerdo de esta manera incurrirá en sanciones en las costas.
• Requerimientos judiciales: en algunos casos, puede ser necesario hacer que una de las partes cese inmediatamente en un comportamiento o proteger bienes hasta que termine el juicio. En los casos en los que proceda, el tribunal puede ordenar un requerimiento para proteger los intereses de las partes hasta que sus derechos hayan sido determinados. El demandante no tiene que probar su demanda en la vista sobre este requerimiento, pero debe demostrar que su demanda tiene una base sólida y ofrecer una garantía que compense a la otra parte por cualquier pérdida que pudiera ocasionar el requerimiento que haya sido erróneamente dictado.
• Caución para las costas: la regla usual sobre las costas es que la parte condenada pagará una parte sustancial de los costes legales de la parte que vea reconocidas sus pretensiones. Si el demandado está convencido de que podrá defender su posición con éxito, pero teme que el demandante no quiera o no pueda pagar ningún gasto, puede solicitar al tribunal en una fase inicial del proceso una orden para que el demandante ofrezca una garantía por cualquier coste que pudiera estar obligado a pagar en determinadas circunstancias. Para más información, consulte nuestra guía Out-Law específica.